UNA EUROPA PARA LOS CIUDADANOS
Con el fin de la última sesión plenaria de esta legislatura en el Parlamento Europeo el pasado 5 de mayo se puso término no sólo, al menos para mí, a una de las etapas más satisfactorias desde el punto de vista personal y profesional, sino a un fructífero período desde el punto de vista de la adopción de normas tendentes a alcanzar ese objetivo que marcó el Tratado de Amsterdam y que tuvo un impulso definitivo en la célebre Cumbre de Tampere en 1999: la construcción de un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. En efecto, en estos 5 años, de los que dos he tenido el honor de presidir la Comisión de Libertades Públicas y derechos de los ciudadanos, Justicia y Asuntos de Interior, hemos visto cómo se aprobaban normas estos tres ámbitos, Libertad, Seguridad y Justicia, cada uno en sí mismo diferente pero los tres fuertemente relacionados, y ello a veces, eso sí, a base de ser testigos y finalmente víctimas de acontecimientos tan brutales como los del 11-S y el 11-M o espectadores de tragedias en las que casi diariamente vemos cómo el deseo de alcanzar una vida mejor se convierte en un sueño mortal.
Libertad como máximo exponente de la integración europea. El proceso de integración europea ha estado desde sus inicios basado en un compromiso compartido de libertad, sustentado en los derechos humanos, en instituciones democráticas y en el Estado de Derecho. Pero esta libertad no es exclusiva de los ciudadanos de la Unión, sino de todas aquellas personas que por uno u otro motivo se encuentren en nuestro territorio. De ahí también nuestro trabajo con vistas a desarrollar políticas claras y justas en materia de inmigración y asilo.
Las llamadas Libertades Públicas fundamentales (Libre circulación de personas, de servicios, de capitales y de mercancías) constituyeron la base sobre la que se ha ido desarrollando Europa, y han alcanzado su culminación en la elaboración de todo un catálogo de derechos, una Carta de derechos Fundamentales, en la que, por primera vez en la historia de la Unión Europea, se recoge en un único texto el conjunto de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los ciudadanos europeos y, lo que es más importante, de todas las personas que viven en el territorio de la Unión. Su sanción como norma jurídicamente vinculante es, en mi opinión, uno de los mayores logros del proyecto de Constitución Europea. Por nuestra parte, desde el Parlamento Europeo, llevamos desde el año 2001 elaborando informes anuales sobre la situación de los derechos fundamentales dentro y fuera de la UE en los que desde sus inicios los diputados del Grupo Popular no hemos dejado de insistir en cuestiones como el terrorismo o las coacciones a la libertad de expresión o de pensamiento político como una de las amenazas más latentes para los derechos de nuestros ciudadanos.
Seguridad, el otro extremo de la balanza. Y es que no poco se ha hablado en los últimos tiempos sobre el necesario equilibrio entre el respeto de los derechos fundamentales y las libertades públicas y la exigencia legítima de los ciudadanos a que su propia seguridad sea garantizada. La amenaza constante y cada vez más sangrienta del terrorismo o la proliferación de mafias organizadas cada vez más globalizadas, conocedoras de las ventajas que pueden obtener de la eliminación de las fronteras interiores y cuyas actividades criminales van desde el tráfico de drogas hasta el tráfico de seres humanos, obliga a las autoridades comunitarias a una cada vez mayor cooperación para que el espacio de libertad en el que viven nuestros ciudadanos no facilite la impunidad de quienes pretenden atentar contra esa libertad. La aprobación de la Decisión marco sobre terrorismo, que contiene una definición común del delito de terrorismo, la elaboración de una lista europea de organizaciones terroristas, propuestas para la mejora del control de fronteras exteriores como la creación de un Cuerpo europeo de Guardias Fronteras o la puesta en marcha, prevista para comienzos de 2005 de una Agencia Europea de Control de Fronteras son algunos ejemplos que demuestran la firme decisión de la Unión Europea de convertirse en invulnerable frente al crimen.
Justicia, garantía de los derechos de los ciudadanos. Por último, y como complemento necesario de las medidas adoptadas en el ámbito de la seguridad y garantía del ejercicio de la libertad, el espacio judicial europeo. En todos estos años hemos sido testigos, junto a importantes logros como la aprobación y puesta en marcha de la orden de detención europea, el aumento de la cooperación entre las fuerzas judiciales y policiales- que tiene su cara visible en órganos como EUROPOL y EUROJUST- la vigencia del principio del reconocimiento mutuo de sentencias judiciales o la reciente Directiva sobre indemnización de víctimas de delitos, de propuestas aún en discusión como la creación de una fiscalía europea- propuesta, por otro lado, española- competente para ciertos delitos graves de carácter transnacional o la aprobación de toda una serie de garantías procesales mínimas para los sospechosos y encausados en los procesos penales de la UE.
En definitiva, tres aspectos íntimamente relacionados en un momento, hoy día más que nunca, en el que constituye todo un desafío que las libertades que proclaman las normas comunitarias pueda disfrutarse en condiciones de seguridad y justicia accesibles a todos.
Jorge Salvador Hernández Mollar. Presidente de la Comisión de Libertades y derechos de los ciudadanos, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europ
