El mal llamado “conflicto vasco”, así denominado por la izquierda abertzale para justificar los 829 asesinatos de ETA y los miles de víctimas que sufrieron su zarpazo durante los cuarenta años de su criminal actividad, no doblegaron la fortaleza del Estado ni la de los ciudadanos españoles para intentar conseguir su fracasado objetivo: la independencia del País Vasco.

Hoy el nacionalismo secesionista de Cataluña amenaza, desde la firma del Pacto del Tinell el 14 de diciembre de 2003, del que surgió el Gobierno tripartito catalanista y de izquierdas presidido por el socialista Pascual Maragall, con fracturar la nación española violando los principios de la Constitución mediante la convocatoria de un referéndum.

Esta convocatoria y su celebración, de llegarse a materializar, se realizaría a todas luces al margen de la legalidad y quebrando el espíritu de consenso del que fueron también partícipes los propios catalanes, cuando en nuestra propia Carta Magna se proclamó solemnemente en su artículo 1 que “la soberanía nacional reside en el pueblo español…”

Si en el País Vasco no se nos doblegó, a pesar del dolor infringido a miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas, funcionarios, políticos, hombres, mujeres y niños, solo por cumplir con su obligación o por el hecho de pasear libremente por una calle o acudir a un centro comercial, menos aún la insensatez y el delirio de unos políticos enaltecidos por una fiebre rupturista que atenta gravemente contra la libertad y seguridad de millones de españoles de dentro o fuera de Cataluña, podrá subvertir la voluntad de seguir siendo España un país fuerte y territorialmente unido para continuar afrontando los importantes retos que el mundo global en el que nos ha tocado vivir nos exige.

La seguridad y libertad es un binomio que exige ser garantizado por un Estado comprometido con el imperio de la ley y del derecho que amparan una y otra. Una Cataluña independiente dejaría a sus hipotéticos ciudadanos al margen de estas garantías al no serle aplicable los tratados y convenios europeos sobre esta importante materia, así como todo el control y cooperación nacional e internacional que ofrecen hoy los servicios de los órganos e instituciones del Estado en todo el territorio nacional dirigidos a “la protección de personas y bienes y al mantenimiento de la tranquilidad ciudadana” como reza el preámbulo de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo  de protección de la seguridad ciudadana.

Sus preceptos y los de la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 2/1986 de 13 de marzo serían inaplicables para esa Cataluña virtual que se vería seriamente amenazada por la libertad de movimientos de las mafias y organizaciones criminales en un territorio desgajado de la Unión Europea y no es de esperar que los 17.000 Mossos d’Esquadra con los que cuenta ahora la Generalidad de Cataluña, se sientan muy felices sin la inestimable cooperación de los más de 7,000 efectivos de la Policía Nacional y Guardia Civil que están destinados en esa región española para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos catalanes.

Una vez más el partido socialista tiene que retratarse ante un grave problema que afecta a nuestra soberanía nacional. La cooperación y colaboración de los dos grandes partidos, PP y PSOE en la lucha antiterrorista fue decisiva para arrinconar y debilitar, hasta casi  su desaparición, a la izquierda abertzale. La confusión política en la que se desenvuelve el PSOE desde el tripartito y las veleidades de Rodríguez Zapatero con el Estatuto de Autonomía y su falta de rigor conceptual con sus circunloquios sobre los términos nación y nacionalidad, que parecen haber ensimismado a su sucesor Pedro Sánchez, pueden añadir un plus importante de dificultad para lo que va a ser una prueba más de la demostración de la fortaleza del Estado frente a quienes pretenden fracturarlo.