Parafraseando al médico griego Teógenes de Mileto, que aconsejaba “no entrar en el mar durante la tempestad” he preferido dejar pasar la tormenta de comentarios que ha originado el movimiento del 8M, por cierto perfectamente orquestado y manipulado por los ideólogos del 15M, para tratar con una mayor objetividad lo que, desde mi óptica personal, debería haber sido una respuesta a una justa y exigente reivindicación de la mujer y no la expresión del  espíritu revolucionario, inclusivo y político reflejado en el manifiesto que ha inspirado la jornada de huelga y su posterior manifestación callejera.

Que todavía existen en España, un país europeo avanzado democrática y socialmente, diferencias importantes en materia de salarios o de ocupación de puestos directivos en empresas públicas o privadas lo corroboran los datos que facilita Eurostat.

Según este barómetro la mujer solo alcanza el 31% de los puestos directivos y el salario medio del hombre es superior en 1,90 euros/hora con respecto a la mujer e incluso la brecha es ostensible también en la retribución de los puestos directivos que se incrementa en 4,19 euros/hora a favor de los varones.

Pero ni la mujer ni el hombre, a pesar de estas u otras desigualdades pueden “parar el mundo”, como vociferaban algunas de las más radicales feministas durante la manifestación, porque no se trata de un pulso entre los habitantes masculinos o femeninos de este frágil y minúsculo planeta del universo, sino de restablecer un desorden existente  como es el de corregir desigualdades o diferencias laborales o sociales que aún persisten en sociedades avanzadas como la occidental  pero que son aún más hirientes e incluso escandalosas en otras latitudes como África, la India o en algunos países de Latinoamérica.

Ni Islandia, país inspirador de la huelga que en 1975 realizaron las mujeres, ni Dinamarca o Suecia, iconos de nuestra izquierda progresista, han alcanzado los objetivos de una igualdad ejemplarizante. Islandia ha tenido que adoptar una implantación obligatoria a partir de 2018, con sanción incluida,  para equiparar los salarios en el plazo de cuatro años en empresas públicas o privadas con más de 25 trabajadores.

Plan piloto que, por ejemplo, de aplicarse en España sería enormemente dificultoso ya que en España hay más de 15 millones de trabajadores frente a los 200.000 de Islandia, al margen de la cantidad a las que les sería inaplicable esta exigencia por el tamaño y número de nuestras pequeñas y medianas empresas.

En Andalucía, por ejemplo, de las que 479.669 empresas existentes, el 99,93% son PYMES (0 a 249 asalariados) y de estas el 96,46% son microempresas (0 a 9 asalariados), la mayoría quedarían fuera del plan islandés si se aplicara con el mismo o similar criterio que han servido de inspiración para las proposiciones de ley de igualdad salarial presentadas por el PSOE y Podemos.

Si a esto le añadimos la complejidad burocrática que supondría establecer unas pautas de equiparación obligatorias, en función de la clase y horas de trabajo que desempeñen las mujeres, a un tejido empresarial excesivamente agobiado ya con reglamentos y obligaciones de todo tipo, el resultado no se adivinaría exitoso.

Esta desigualdad salarial junto a la paulatina y lógica incorporación  de la mujer a los puestos directivos y de responsabilidad de las empresas en el mismo grado que los hombres, no puede ni debe rehuirse en el seno de nuestra sociedad, aunque para ello se hace indispensable que se consiga restablecer la normalidad de la vida política y parlamentaria.

Estas y otras preocupaciones en orden a los avances de nuestra sociedad en la igualdad y equiparación de derechos y obligaciones de mujeres y hombres, ha quedado desdibujado por el contenido político, frentista y revolucionario del manifiesto del 8M, donde de su contenido se desprende que es  expresión de la defensa de intereses de grupos que nada tienen que ver con la conquista a la que aspira el feminismo constructivo de un país desarrollado como el nuestro, como así lo han expresado públicamente grupos de mujeres intelectuales, profesionales, empresarias o asalariadas que no se han visto reflejadas ni en la letra ni en el espíritu del manifiesto.