Lo primero que el ciudadano debe saber es que el presupuesto es el instrumento básico y fundamental de cualquier acción de gobierno, sea el de una familia, una empresa o una institución, como en este caso, es el Estado.
Unos presupuestos mal formulados, irreales o desequilibrados terminan produciendo perniciosos efectos no solo para sus responsables y ejecutores si no para quienes son receptores de la actividad que se planifica a través de sus diferentes partidas financieras.
Es cierto que en la reciente historia de nuestra democracia nunca unos presupuestos del Estado están siendo tan debatidos como los que nuestro Gobierno acaba de presentar para afrontar el difícil ejercicio del 2012. Pero ante la gravedad de nuestra situación económica ¿cabía otra alternativa? ¿eran obligados los recortes? ¿están siendo vigilados o controlados por las autoridades comunitarias?
Las respuestas no dejan lugar a dudas. Nuestra abultada deuda exterior, el alto déficit heredado, el preocupante endeudamiento de nuestras administraciones y el dramático desempleo que sufrimos exigen al Gobierno una gran dosis de responsabilidad y sentido común para no solo hacer frente al grave desequilibrio de nuestras cuentas públicas sino también para cumplir con  nuestros compromisos adquiridos como Estado miembro de la eurozona y no contribuir con nuestros desajustes presupuestarios a la desestabilización de nuestra moneda única .
Estos presupuestos reflejan las medidas  que desde la austeridad, el realismo y la transparencia está el gobierno adoptando para poner orden en nuestras cuentas públicas, transmitir confianza a la sociedad y dar un aviso al resto de las administraciones  para que se vaya adoptando una nueva cultura del gasto que sea ejemplarizante y limitado a la capacidad real de nuestra economía. Reconozcamos que la sociedad española ha vivido una época de un fuerte crecimiento económico que propició tanto en el sector público como privado una desmesurada capacidad de consumo, gasto y endeudamiento, abandonando al mismo tiempo la práctica del ahorro y la prudencia que son una exigencia para la sostenibilidad de una economía sana y equilibrada.
Estos presupuestos unidos a las valientes reformas que se están acometiendo en el ámbito de la estabilidad presupuestaria, el mercado de trabajo, nuestro sistema financiero y la anunciada  para racionalizar y reordenar el funcionamiento de nuestras administraciones públicas, tendrán su fruto para  lanzar una señal de seriedad y rigor a nuestros socios europeos. Con ello se recuperará, sin duda, la confianza y el liderazgo perdidos, además de conseguir que nuestra sociedad recupere  todo su potencial de crecimiento, extirpando el cáncer que supone para nuestra economía y estado de bienestar la destrucción  de más de cinco millones de puestos de trabajo.
Ante este panorama, los presupuestos presentados  por el Gobierno para el presente ejercicio representan por una parte y en términos nacionales nuestra actual capacidad económica para hacer frente al saneamiento y equilibrio paulatino  de nuestras cuentas públicas. Por otra y en las inversiones referidas a nuestra provincia  la selección de aquellas partidas que, como las del Ministerio de Fomento, pueden ser generadoras de empleo por tratarse de obras públicas prioritarias o en fase ya de ejecución, como son las dedicadas a los accesos al aeropuerto y carreteras, al puerto o al propio aeropuerto  y al transporte ferroviario.
Pagar deudas generadas y no satisfechas en la etapa socialista como son las expropiaciones de terrenos, dedicar importantes cantidades a la culminación del que sin duda va a ser un escaparate de nuestra proyección cultural  como es el Museo de Málaga, la biblioteca provincial o las dedicadas a la infraestructura hidroeléctrica, calidad de las aguas o saneamiento integral, manifiestan claramente una voluntad de seguir apostando por el crecimiento y desarrollo de nuestra provincia  a pesar de las adversidades y en el marco de una profunda crisis económica que en modo alguno ni es ni puede ser achacable al actual gobierno de la Nación.
Los malagueños, igual que el resto de los españoles, tiene el derecho a conocer la verdadera situación de nuestras finanzas públicas. Este es el primer paso para iniciar el camino hacia la senda de la responsabilidad y la claridad que la sociedad española demanda a sus dirigentes políticos. Ingresos y gastos deben responder a una política económica realista y posible en función de nuestra capacidad productiva y nuestra generación de riqueza. Con estos presupuestos el gobierno dirigido por Mariano Rajoy ha emprendido el único camino posible para reiniciar nuestra deseada recuperación.