Las elecciones que vienen
En breve, los ciudadanos seremos de nuevo convocados a las urnas, para pronunciarnos sobre los proyectos de ciudad que los candidatos de las distintas formaciones políticas presenten para los próximos cuatro años.
Sorprendentemente el PSOE malagueño parece querer centrar su campaña en el empleo y en obras de elevado coste económico. En cierto modo es lógico que así sea, cuando se ha perdido el sentido de la realidad, la capacidad de gobierno y la competencia para administrar los bienes e intereses de la ciudadanía.
Los ayuntamientos gobiernan y administran los municipios conforme a los fines que la Constitución y las leyes les asignan y entre esos fines no está, desde luego, el de la creación de empleo. De lo que sí tendría que responder la candidata María Gámez, en su calidad de delegada del gobierno andaluz, es de la destrucción de más de doscientos mil puestos de trabajo en la provincia de Málaga, del grave fraude del ERE, de los retrasos en la aprobación de los PGOU -instrumentos dinamizadores de su economía-, del fracaso escolar que, por encima del 36% de la población andaluza, nos ha situado muy por encima de la media europea o del retraso en la ejecución de obras públicas relevantes que, además de causar un grave perjuicio al desarrollo integral de Málaga y su provincia, inciden muy negativamente en el deterioro del mercado laboral.
Si hay una prioridad en estos momentos para nuestros ayuntamientos es la de afrontar con austeridad y eficacia la grave crisis económica que está poniendo en serio peligro no solo los servicios que vienen obligados a prestar a los ciudadanos, sino incluso su propia supervivencia. La seguridad de los lugares públicos; la ordenación del tráfico; la ordenación, gestión. ejecución y disciplina urbanística; parques y jardines; pavimentación de vías públicas; conservación del patrimonio histórico-artístico, la salubridad pública o la prestación de servicios sociales etcétera, son algunas de las competencias que les vienen atribuidas a las corporaciones locales por la Ley de Bases de Régimen Local vigente
Frente a un modelo socialista agotado y sin ideas para afrontar los inaplazables retos que nuestro país necesita solo cabe la elección de un proyecto político que se corresponda con el esfuerzo que se pide a los esquilmados contribuyentes. Nuestros dirigentes municipales deben ser ejemplares en la austeridad en el gasto público, al mismo tiempo que deben aliviar la carga fiscal para los sectores más débiles y necesitados. Racionalizar y ordenar los recursos materiales y humanos actuales para mejorar y modernizar la calidad de los servicios administrativos es hoy signo de eficacia y proximidad al ciudadano.
Sin duda alguna la transparencia en la gestión es una garantía para evitar conductas corruptas. Por ello los ayuntamientos deben hacer un esfuerzo para que la información sobre la ejecución de sus presupuestos, su endeudamiento y las contrataciones de personal lleguen con regularidad y claridad a los administrados. Entre otras medidas, un correcto presupuesto anual de ingresos y gastos, contribuiría notablemente a la reducción de la deuda y a la prontitud en el pago de sus obligaciones frente a proveedores.
Si bien la creación de empleo no es competencia directa de los municipios, lo cierto y verdad es que el desarrollo y bienestar de sus ciudadanos e incluso su propia financiación depende esencialmente de que puedan desenvolverse en un entorno favorable al crecimiento económico y la confianza empresarial. Málaga y su provincia sufren con especial preocupación la lacra del paro entre sus habitantes, siendo los jóvenes y las mujeres los más afectados. Debe ser objetivo prioritario de los ayuntamientos malagueños cooperar con el Gobierno central y la Junta de Andalucía, desde la lealtad institucional, en políticas que favorezcan la implantación de empresas modernas e innovadoras en el vasto campo del turismo, la cultura, las energías renovables o la agricultura. Por otra parte la aceleración de las obras públicas en fase de proyecto o ejecución y la aprobación inmediata de los PGOU pendientes, animarían a nuestros empresarios y promotores a invertir y crear puestos de trabajo.
Si algo esperan los malagueños en estos momentos es seriedad y rigor en sus dirigentes. Subirse a una bicicleta, “vender” humo en grandes proyectos como el macrohospital o hacerse fotos campañeras es esconderse en la trinchera mediática para no sentirse señalado por el dedo acusador de quienes en estos momentos se sienten agobiados por el drama del desempleo, la precariedad de sus salarios o la sequía de los créditos para sacar adelante sus comercios y empresas.
Los malagueños, al igual que el resto de los españoles, nos sentimos cada vez más agobiados ante tantas prohibiciones, impuestos, sanciones e improvisaciones de un gobierno que contrarreforma sus propias reformas y contradice sus propias decisiones. Les guste o no a los socialistas, las próximas elecciones municipales marcarán una nueva frontera entre un pasado sombrío e incierto al que nos han arrastrado sus graves errores y equivocaciones y un futuro esperanzador e ilusionante.
Jorge Hernández Mollar
Ex parlamentario nacional y europeo del PP

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