Si hay algo que requiere una gran dosis de prudencia y a la vez un mayor contraste de opiniones y pareceres es el ejercicio del poder en materia de seguridad policial. Es evidente que cualquier reforma en la estructura de la organización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad comporta una cierta inquietud en su organización profesional y jerárquica en la medida en que el Ministerio del Interior es el mando político que dispone del brazo ejecutor con más poder inmediato y represivo de todo el Estado para garantizar la libertad y seguridad de los ciudadanos.

Suprimir las Direcciones Adjuntas Operativas de Policía Nacional y Guardia Civil, que entre otros tienen el cometido de ser órganos colaboradores de los respectivos Directores Generales y el de ser además coordinadores de las unidades operativas de ambos Cuerpos, es una importante decisión que afecta a dos órganos policiales que hasta ahora han servido de puente o cordón umbilical entre el poder político y el mando profesional y operativo.

Es evidente que los efectos de esta reorganización y de los cambios introducidos por el Real Decreto 770/2017, de 28 de julio que modifica la estructura orgánica del Ministerio de Interior, habrán sido muy medidos y evaluados. Si hay algo que agradecen profundamente los cuerpos policiales es que las directrices políticas siempre sean respetuosas con el marco legislativo vigente y que no atraviesen la frontera de profesionalidad que con todo acierto y eficacia desarrollan. De aquí la importancia de que siempre haya una intermediación profesional con la autoridad política.

No pretendo con ello orillar los graves problemas que últimamente han salido a la luz como consecuencia de actuaciones muy poco edificantes de algunos mandos policiales o de ciertos desajustes en la coordinación de Policía Nacional y Guardia Civil, lo que exigía ciertas medidas. Pero ha resultado sorpresivo que para acometer algunas de éstas se haya optado por suprimir de un plumazo una estructura que respondía a una necesidad, como era la de la misión que desempeñaban los llamados DAOS en el ámbito policial. Poco comprensible, además, si esto se ha hecho sin valorar que al frente de los mismos figuraban prestigiosos profesionales de muy reciente incorporación.

No es nada fácil hoy despolitizar algunas estructuras del Estado como son las del poder judicial o las propias del Ministerio del Interior por la tentación que siempre han tenido los distintos Gobiernos, especialmente los de la izquierda, de controlar sus decisiones. Es por ello que cualquier reforma tendente a consolidar y asegurar una dirección profesionalizada de estos poderes tan cruciales para el Estado, siempre será bienvenida y de gran utilidad. No me cabe duda que ésta ha sido la intención del Gobierno con la publicación del Real Decreto en cuestión.

Estamos también viviendo en España unos graves momentos de tribulación e inquietud nacional como consecuencia del secesionismo catalanista y de los intentos de quebrar la estructura del Estado, por lo que tener compactas y bien preparadas política y profesionalmente a nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para este desafío, es de urgente necesidad. Estamos ante una amenaza ante la que se requiere firmeza y profesionalidad por parte de nuestros mandos y agentes policiales con el fin de garantizar, si fuera necesario, la seguridad y libertad de los españoles y de los propios ciudadanos que residen en Cataluña y que no participan además de esta locura independentista.

Como bien decía San Ignacio de Loyola “en tiempos de tribulación no se deben hacer mudanzas” ¿era pues oportuno hacerlo en este momento? Cualquier medida tendente a garantizar esa confianza en quienes hoy forman parte de una de las instituciones más valoradas por la ciudadanía, como son la Policía Nacional y la Guardia Civil, es una exigencia de un Gobierno que actúe con responsabilidad y sentido de Estado y éste no hay duda que las reúne.