¨La Convocatoria del 18 de Junio¨

El próximo sábado, día 18 de Junio, muchos ciudadanos de distintas ideologías y creencias o, incluso, de ninguna de estas, hemos sido convocados para participar en una manifestación encaminada a expresar públicamente el apoyo a la familia y a la realidad positiva que supone tener una madre y un padre. Evidentemente, como otra consecuencia, dada por el actual contexto español, también supondrá un rechazo al proyecto de ley del Gobierno que permite el matrimonio y la adopción de parejas homosexuales.
En el caso de los católicos resulta obvio que no se nos puede pedir que “claudiquemos” de nuestras creencias y principios en función de una “realidad social” que, por su mera existencia pretende legitimar su ordenación y regulación legal, incluso cuando las mismas se imponen desde una mayoría aritmética que no representa la “mayoría social” del Estado.
Es oportuno recordar a los católicos que, de buena fe, han apoyado o apoyan a los partidos “progresistas” de izquierdas, que un mínimo de coherencia personal, con sus creencias y con la Iglesia a la que pertenecen, les debe hacer meditar sobre la gravedad de sostener y aplaudir una legislación que pretende permitir y reconocer el matrimonio de los homosexuales y su capacidad de adoptar. Esta posición, además de oponerse abiertamente a la doctrina de la fe católica, antes que eso socava la estructura más fundamental de la sociedad, que es la familia.
La homosexualidad por sí misma no debe ser origen ni causa de discriminación o desigualdad en el orden laboral, social o político, ni menos aún, como desgraciadamente ocurre todavía en algunos países, conducta delictiva sujeta a la legislación penal. El propio Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española así lo ha declarado recientemente : …es evidente que en cuanto personas tienen en la sociedad los mismos derechos que cualquier ciudadano y en cuanto cristianos están llamados a participar en la vida y la misión de la Iglesia…
Dicho esto hay que señalar que no atribuir el status social y jurídico de matrimonio a formas de vida que no son ni pueden ser matrimoniales no se opone a la justicia, sino que, por el contrario, es la propia justicia quien impide esa equiparación. No es baladí que el mismo Diccionario de la Real Academia Española (salvo que se le considere confesional y retrógrado) defina el matrimonio como unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades legales. Claro que se puede argüir que todo es modificable y que si se puede modificar la Constitución, cómo no se va a poder modificar el sentido de las palabras de un Diccionario tan prestigioso y científico como el nuestro.
Aun admitiendo este razonamiento, nada sencillo por otra parte, ya que la Constitución e incluso el Diccionario de la Real Academia son expresión y explicación de un modelo social milenario enraizado en los orígenes culturales de la civilización cristiana, lo cierto y verdad es que, para los católicos, no se puede modificar la doctrina de la Iglesia. Esta doctrina encuentra en la Sagrada Escritura, la Tradición y el Magisterio los fundamentos de la Revelación y, naturalmente, cada cual está en su perfecto derecho de creer o aceptar o no esta doctrina, incluso de enfrentarse a ella y atacarla -como es el caso del proyecto de legislación que nos ocupa-, pero es evidente que en un Estado democrático como el nuestro, quien cree, acepta y participa en la misión de la Iglesia tiene el derecho y la obligación de defender sus principios con todos los medios legales a su alcance y, muy especialmente, de no tratar de amoldarse a los dictados de quienes consideran que lo progresista y lo racional es acomodar la legislación a la realidad social aunque ésta sea moralmente injusta.
Realidad social también es la convivencia entre hermanos, la de padres e hijos o, incluso, la de mujer con más de un hombre o viceversa, y a todos ellos les está vedado el matrimonio y la transmisión de ciertos derechos como las pensiones, por ejemplo, más allá de unos límites de edad u otros requisitos legales. Esto sucede porque, en definitiva, el fundamento del matrimonio, civil o religioso, no es la mera afectividad, ni siquiera el deseo de una convivencia prolongada en el tiempo: la verdadera razón de ser del matrimonio además de buscarla en la propia ley natural –“la institución del matrimonio y el amor conyugal está ordenada por sí misma a la procreación y educación de la prole…(Constitución Gaudium et spes 48 del C.Vaticano II)-, hay que descubrirla también en la cooperación de las familias en la subsistencia y estabilidad de la sociedad. Una familia estable aquí y en Pekín (nunca mejor dicho), la componen los miembros a los que la propia naturaleza ha llamado para perpetuarse, como son el hombre y la mujer, y el fruto de su unión que son los hijos.
A todo esto hay que añadir que en el ámbito de la educación que se desarrolla en el núcleo familiar no es, precisamente, lo más deseable el desajuste emocional que puede producir en un niño/a una dualidad de padres o de madres, que no pueden desempeñar, por razones obvias, los roles que corresponden a un hombre y a una mujer en el seno de una familia. El sentido común y la propia razón son más que suficientes para oponerse a la adopción de menores que proclama el tan denostado proyecto de ley.

Jorge Hernández Mollar
Ex Eurodiputado PP