Los atentados del 11 de septiembre 2001 sirvieron de elemento catalizador para hacer de la lucha contra el terrorismo una de las principales prioridades de las políticas de los Estados miembros de la Unión Europea.

Los atentados de Madrid del 11 de marzo 2004, vinieron a confirmar una vez más, la necesidad de arbitrar con carácter de urgencia nuevas medidas que intensificaran, desde el punto de vista de la cooperación internacional, la batalla contra el terror y que se pusieran en práctica los instrumentos ya adoptados por las propias instituciones europeas a este fin.

Los posteriores atentados en diversas capitales europeas y el reciente de Barcelona han puesto en evidencia que con carácter de urgencia y sin dilación se debe activar una política que comunitarice la articulación de un nuevo espacio de libertad, seguridad y justicia en el que se impida, de una vez por todas que los delincuentes y criminales se muevan y actúen con la libertad de la que no gozan las autoridades que deben perseguirlos, detenerlos y castigarlos.

Desde la Convención europea de 4 de agosto de 1978 para la represión del terrorismo hasta hoy se han sucedido numerosos textos jurídicos del Consejo y Parlamento Europeo que solo han servido para manifestar la voluntad política de los Gobiernos para afrontar conjuntamente este grave problema y para crear también algunos instrumentos jurídicos que como la orden de detención y entrega europea, la creación de un coordinador para la lucha antiterrorista o las medidas contra el blanqueo de capitales que  evidentemente han supuesto un paso importante en esta irrenunciable lucha. Pero ni Europol es un cuerpo policial operativo ni Cepol  una academia al uso.

Precisamente en una resolución del Parlamento europeo de 1 de abril 2004, esta Institución denunciaba entonces estos obstáculos de la siguiente forma: “hay que lamentar que el programa europeo de lucha contra el terrorismo no avance manifiestamente sino es bajo el impulso de sucesos trágicos y que no responda a un impulso coordinado y coherente de la Unión Europea”. Trece años después esta resolución podría reproducirse textualmente.

El verdadero meollo de la cuestión, para una fructífera cooperación, radica en saber si los Estados están dispuestos a cooperar considerando la seguridad del otro como la suya propia o si los Estados y sus ciudadanos están decididos a superar siglos de guerras recíprocas y afrontar un “futuro común” sin pretender “imponer la hegemonía de uno sobre el otro”.

El coordinador actual de la lucha antiterrorista para la Unión Europea acaba de afirmar en una entrevista en un diario nacional que “vamos a tener ataques como el de Barcelona durante décadas” y que en “cinco años podría haber ciberataques a centrales nucleares o al espacio aéreo.”

Después de estas preocupantes manifestaciones del coordinador europeo, el lamentable espectáculo que están dando los mandos políticos de los Mossos, contradiciéndose ellos mismos en sus declaraciones sobre los graves errores en los que parecen haber incurrido sus canales de información en el trágico atentado de la Rambla barcelonesa, reafirma la necesidad de que en materia antiterrorista sea la voz única  del gobierno central y sus órganos quienes coordinen a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluidas naturalmente las autonómicas y locales.

Los europeos debemos exigir de nuestros gobiernos una acción conjunta, coordinada, eficaz para combatir el terrorismo desde sus fuentes internacionales de financiación, desde el acceso del que disponen para coordinarse a través de los medios más sofisticados : internet, telefonía móvil etc. y especialmente desde una puesta común de todos los medios materiales y humanos que para la aplicación de la ley y la persecución de quienes la transgreden, se dispongan en cada uno de los Estados de la Unión.