Con sorpresa no exenta de indignación, estoy siguiendo, como la mayoría de los españoles, los graves acontecimientos que están aconteciendo y distorsionando las relaciones diplomáticas, políticas o económicas de España con nuestros vecinos del Magreb. Haber nacido en Melilla y haberme “forjado” profesional y políticamente en unas de las ciudades españolas limítrofes en el Norte de África con el de Reino de Marruecos, creo que me permite tener una visión con un mayor grado de aproximación y realismo que otros, hacia los problemas que el complejo vecinazgo origina a las dos partes que se miran constantemente a uno y a otro lado de la frontera.
Si además a ese conocimiento directo, se le añade el privilegio de haber disfrutado de la oportunidad de ser miembro de la Delegación del Parlamento Europeo para el Magreb y, de los permanentes contactos e intercambios de pareceres con autoridades y sectores de la sociedad civil de esa región mediterránea, se comprenderá que mi percepción de lo que hoy está ocurriendo, es la de una máxima gravedad ante una crisis inimaginable y con unas consecuencias impredecibles para la estabilidad de nuestros intereses y los de la región en el sur de Europa.
No se puede ni se debe olvidar que este terremoto lo provoca Pedro Sánchez, cuando con una osadía y atrevimiento sorprendente, se dirige con una «carta personal” al Rey de Marruecos, exponiéndoles sus “ideas” y ofreciéndole a Marruecos, un giro copernicano en la posición del Estado español sobre el complejo problema del Sahara occidental.
Es interesante recordar que en 1981 el rey Hassan II anunció que aceptaba un referéndum en el Sahara Occidental. Después de tres años de negociaciones, Marruecos y el Frente Polisario aceptaron las propuestas que el Secretario General de Naciones Unidas presentó en 1990 con el fin que diera lugar a una solución pacífica a través de la celebración de un referéndum, por el que las poblaciones del Sahara Occidental elegirían entre la integración en Marruecos o la independencia.
Fue la misión de las Naciones Unidas para un Referéndum en el Sahara (MINURSO), creada por la Resolución 690 del Consejo de Seguridad de 27 de junio de 1990, quien tuvo el mandato de supervisar los preparativos y el desarrollo del referéndum de autodeterminación de las poblaciones del Sahara Occidental.
La confección de un censo electoral para su celebración , sufrió todo tipo de vicisitudes hasta que en 1995 el Consejo de Seguridad lo dejó en suspenso, debido a la presión de ambas partes para incluir en el mismo a los que les fueran más favorables, dada la dispersión del pueblo saharaui. Posteriormente, en el intento de seguir explorando una solución, el Secretario General de NNUU, Kofi Annan, encomendó en marzo de 1997 al antiguo Secretario de Estado norteamericano, James Baker, la tarea de examinar posibles planteamiento alternativos.
En Mayo del 2001, el señor Baker, presentó un proyecto de acuerdo marco sobre el Estatuto del Sahara Occidental sobre la base de instaurar un régimen de autonomía local dividiendo las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales, entre el Reino de Marruecos y los elegidos por personas admitidas al referéndum, originarios del Sahara. El acuerdo marco preveía también un referéndum sobre el Estatuto en un plazo de cinco años a partir de los primeros actos de su aplicación.
Marruecos aceptó este proyecto pero fue rechazado por el Frente Polisario y Argelia por entender que enterraba el referéndum de autodeterminación y que ratificaba la ocupación ilegal del territorio saharaui. No obstante, el 19 de febrero del 2002 el Secretario General Kofi Anan, volvió a presentar al Consejo de Seguridad una nueva propuesta basada en cuatro opciones de posible solución que no llegaron a fructificar.
Durante sendos viajes a los campamentos saharauis de Tinduf y El Aiún, además de a las capitales de Rabat y Argel durante los meses de Noviembre 2001 y Febrero 2002 , la delegación parlamentaria de la que formé parte, se entrevistó con autoridades y dirigentes saharauis al más alto nivel. Fruto de lo cual emitió un detallado informe al Parlamento Europeo que fue presentado por la Presidenta de la Delegación Catherine Lalumière.
Textualmente y sobre el papel que podría desempeñar la UE en el conflicto se concluía que “cualquier acción de la Unión Europea debería enmarcarse en los esfuerzos de las Naciones Unidas, a las que se les ha encomendado la solución de este conflicto. Para ello, es necesario establecer o reanudar primeramente el diálogo y, a continuación, las negociaciones entre las diferentes partes: El Frente Polisario, Marruecos y Argelia.
El papel de los europeos podría ser el de alentar y facilitar este diálogo y a continuación las negociaciones. Se trata de jun papel de “facilitador” o de “mediador” que implica un buen conocimiento del pasado, una justa apreciación de la posición de los distintos protagonistas, de las ideas claras sobre el objetivo que se desea alcanzar y, sobre todo, una buena comprensión del estado psicológico de las miles de personas marcadas por el sufrimientos de varios años, pero conscientes de que luchan a favor de principios fundamentales y nobles.”
Cinco años después en abril del 2007, el Rey Mohamed VI presenta un nuevo plan de autonomía para el Sahara Occidental en la ONU, que fue rechazado por el Frente Polisario y Argelia y quince años después, Pedro Sánchez, siguiendo la estela de Rodríguez Zapatero que lo bendijo en el 2008, rompiendo todos los cauces diplomáticos y al margen de las Cortes, de la Jefatura del Estado y de la propia Unión Europea, se adhiere a dicho plan calificándolo como la base más “seria, realista y creíble” para la resolución del conflicto.
¿Chantaje de Marruecos? ¿presiones de EEUU? ¿abuso de poder con un claro componente dictatorial…? Sus graves repercusiones sobre la amenaza contra la integridad territorial de Ceuta y Melilla o el peligroso desequilibrio de nuestras relaciones en el Magreb, especialmente con Marruecos y Argelia y sus consecuencias para España y el Sur de Europa, merecen ser analizadas en capítulo aparte.
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