Y la parodia de referéndum se celebró. Se ha consumado el capítulo más esperpéntico de la reciente historia de nuestra democracia. Estoy convencido de que millones de españoles hemos entrecruzado desde la lejanía o el silencio, sentimientos de tristeza, asombro, rabia o frustración ante la más vergonzosa y deleznable manipulación que se ha hecho de un pueblo, con el objeto de participar en una votación viciada y deformada por la pertinaz y delictiva acción de un gobierno rebelde y sedicioso.

 Ser andaluz, vasco, catalán, extremeño o de cualquier otra región española siempre ha formado parte de nuestro vasto y rico patrimonio nacional. Esto hace que esta fracasada aventura sea aún más dolorosa, para quienes hemos tenido el honor y privilegio de defender los intereses de los españoles, incluidos naturalmente los de los catalanes, en ámbitos que como los de la Unión Europea, van más allá de nuestras fronteras.

Este abanico de pueblos y ciudades que a lo largo de cientos de años han atesorado, no sin sacrificios a veces cruentos, una larga historia de costumbres, lenguas y vínculos de solidaridad ha constituido el motor que ha venido fortaleciendo a España, como un Estado relevante y poderoso en Europa y en el resto del mundo.

Sin embargo, algunos mesiánicos dirigentes del pueblo catalán, revestidos desde hace ya algunas décadas del gozo y disfrute de un poder al más puro estilo medieval, vienen empeñados en desprenderse de nuestro país como un gigantesco iceberg, para después navegar sin rumbo, por el proceloso mar de un mundo que desprecia cada vez más a quienes se empeñan en poner muros y fronteras que dividan y separen.

La materializada tentación de rebelarse contra el poder legitimado y amparado por la Constitución de 1978 es un flagrante acto de abuso del mismo poder que le ha sido delegado por la soberanía nacional y que se asienta en el pueblo español como reza textualmente en el art 1.2 de nuestra Carta Magna: La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado.

Y como muy bien lo expresa Andrés Ollero, prestigioso Magistrado del Tribunal Constitucional, si el “ius constitucional prevalece sobre la lex ordinaria es porque el primero es el derecho que prevalece sobre la volatilidad de las manifestaciones ocasionales del poder”

Desde los Pujol, Maragall, Montilla, Rovira, Mas y ahora Puigdemont con las aportaciones del preclaro presidente Zapatero y de su infausto heredero Sánchez no han cesado los ataques por tierra, mar y aire al texto constitucional para retorcer el sentido conceptual de los términos nación y nacionalidad con el solo objetivo de encontrar una salida a los deseos convergentes de nacionalistas y socialistas catalanes en la creación de un Estado independiente, federado o no, que supere la ya muy generosa descentralización que supone el Estado de las Autonomías del que forma parte Cataluña.

Pero se ha desbordado el vaso. No eximo tampoco de culpabilidad a los distintos Gobiernos de la democracia que han alimentado la bestia, con concesiones fiscales, educativas, sanitarias, culturales o de seguridad con la finalidad de garantizarse la estabilidad del poder nacional y que una ceguera torpe e incomprensible, les ha impedido percatarse del odio hacia España que ha venido in crescendo en los diferentes estratos de la sociedad catalana.

Así hasta llegar al bochornoso espectáculo del día 1 de Octubre: rebeldía y sedición del gobierno catalán; desobediencia de los Mossos a la autoridad judicial y enfrentamiento a la Policía Nacional y Guardia Civil para obstruir sus funciones como policía judicial; utilización de niños y menores por sus propios padres como escudos humanos, poniendo en riesgo su integridad física y desplegando toda una estrategia para conculcar y desobedecer las leyes del Estado, las resoluciones de los tribunales y a las instituciones y autoridades que lo representan.

A esta grave situación se le añade la puesta en marcha de todo un aparato propagandístico a través de medios de comunicación afines sean nacionales o catalanes para lanzar una campaña de desprestigio a nivel internacional que mine la imagen y el crédito de España en las organizaciones internacionales, especialmente en la propia Unión Europea, con el consiguiente daño político a nuestro prestigio como nación y a nuestra estabilidad económica y financiera, que sorprendentemente es la suya.

Ante esta fractura política y social del pueblo catalán y el grave deterioro y riesgo que esto supone para la unidad de España, es un clamor nacional la aplicación por el gobierno del Artículo 155 de nuestra Constitución. El respeto al Estado de Derecho, a las leyes y a las instituciones del Estado es la base fundamental para garantizar la democracia y profundizar en un diálogo sincero y constructivo que permita afrontar los problemas y diferencias entre unos y otros.

 Hoy en una parte muy importante y querida de nuestra nación, como es Cataluña, ese respeto se ha perdido. El Gobierno tiene la legitimidad y la urgencia de exigirlo y restablecerlo.