SEMINARIO SOBRE EL FUTURO DE EUROPA
Madrid, 11 de abril de 2003
Intervención de Jorge Hernández Mollar
Sumergidos como estamos en un proceso de debate sobre lo que queremos que sea la Europa de los próximos años, la Europa de 25 Estados miembros, es hora de decidir en qué queremos que se convierta aquel proyecto, en principio económico y ahora cada vez más político y, sobre todo, social, que comenzó hace más de 50 años. Durante todo este tiempo, hemos podido constatar que Europa es una larga historia de éxitos, de pequeños y discretos avances, conducidos siguiendo la máxima de uno de nuestros padres fundadores, Jean Monnet, que dijo aquello de «pequeños pasos, grandes efectos» y en la que España ha sido impulsora de algunos importantes logros.
Logros
Fue el Consejo Europeo de Tampere, celebrado en octubre de 1999 y auspiciado, no lo olvidemos, por el propio Presidente Aznar, el que estableció los pasos concretos que habían de darse y abrió definitivamente el proceso para la creación de un verdadero Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia.
Asimismo, la Presidencia española de la Unión, en el primer semestre de 2002, marcó un nuevo hito en este proceso con el importantísimo Consejo Europeo de Sevilla de los días 20 y 21 de junio, que sirvió de impulso para la construcción de una política comunitaria de inmigración y asilo, una gestión coordinada y eficaz de las fronteras exteriores de la Unión y el fomento de la cooperación policial y judicial entre los Estados miembros.
Es necesario recordar también que medidas tales como el Fondo Europeo de los Refugiados, los Planes de Acción para la inmigración y el asilo(con sus correspondientes líneas presupuestarias), la aprobación de la Directiva sobre normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo(aprobada formalmente el 27 de enero de 2003), el Programa de Acción sobre el retorno o la misma orden de detención europea, son algunas de las medidas que se han adoptado a nivel europeo gracias al impulso de nuestro Gobierno, del Gobierno del Partido Popular.
Perspectivas
En esta trascendental fase de su Historia y al hilo de los trabajos que se vienen realizando en la Convención sobre el futuro de Europa y que ya han cristalizado en importantes aportaciones realizadas por el Gobierno de España al futuro proyecto de Constitución Europea, yo destacaría tres grandes retos que tiene que afrontar Europa en la construcción de un nuevo ELSJ:
- La inmigración.
- La lucha contra la criminalidad organizada.
- La creación de un Espacio Judicial Europeo.
Las dos primeras cuestiones han despertado un gran debate y preocupación en la sociedad europea, y aunque la tercera tiene un contenido «más profesional», no es menos cierto que afecta muy directamente a la necesidad de que los ciudadanos vean protegidos sus derechos y preservada su seguridad mediante una actuación policial y judicial que no puede ser trabada por la existencia de fronteras procedimentales o de fondo de los diferentes sistemas jurídicos de los Estados miembros.
En el ámbito de la inmigración, se debe avanzar en una gestión adecuada de los flujos migratorios, sin desvincularla de la dimensión humana del fenómeno. La integración de los inmigrantes legales y la lucha contra la inmigración ilegal son dos objetivos prioritarios que deben ser acometidos en paralelo. En el proyecto de la futura Constitución Europea se debe acentuar el objetivo de construir una política común en materia de inmigración a través de una base legal explícita, asegurando que los Estados miembros tengan un margen de maniobra para gestionar los flujos migratorios, teniendo en cuenta su capacidad de acogida y la ordenación de su propio mercado laboral.
La gestión efectiva de las fronteras exteriores a través de un sistema común debe llevarse a cabo bajo el principio de responsabilidad compartida y de la aportación de los medios materiales y humanos suficientes para hacer frente a esta responsabilidad, lo que implica un esfuerzo financiero que, en la actualidad, no parece se esté dispuesto a hacer (Consejo Informal de Veria).
La lucha contra la criminalidad organizada exige articular propuestas para construir la Europa de la seguridad interior, que se cimentaría sobre el concepto de un nuevo orden público europeo. La lucha contra el terrorismo, el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas o la trata de seres humanos, o incluso el cibercrimen son formas de delinquir que han superado los límites nacionales y que exige una coordinación eficaz de todos los agentes policiales y judiciales implicados.
La propuesta de que se incluya en el proyecto de Tratado el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales, supone, en primer lugar, un logro de las tesis españolas defendidas en los trabajos de la Convención. La Decisión marco sobre la orden de detención europea es una consagración de ese principio.
Para que este reconocimiento sea real, se hace necesario avanzar en algunos casos en la aproximación de las legislaciones penales de los EEMM.
No es en absoluto disparatada la pretensión española de llegar a un Código Penal Europeo que contenga la definición de algunos delitos comunes. En el ámbito operativo, la cooperación policial debe ser reforzada, dotando de mayores competencias y responsabilidades a Europol y Eurojust.
Para ello, el PE, demanda una mayor competencia legislativa en el ámbito de la codecisión y en el ámbito del control democrático de estos órganos. En cuanto a la capacidad de iniciativa legislativa, es necesario reorganizar el poder de iniciativa de los EEMM y exigir que sus propuestas sean respaldadas por una mayoría de los Estados, para evitar la proliferación de las mismas en cada Presidencia ya que, aunque respondan a intereses legítimos nacionales, en la actualidad, dan lugar a un auténtico caos legislativo y a una falta de visión de conjunto.
Todo ello exige unos programas plurianuales de las acciones que los EEMM deben acometer en materia de seguridad interior, que llevarían consigo un sistema de evaluaciones mutuas con el objeto de examinar sus resultados y servir de base para todos los instrumentos jurídicos y operativos de los que se dota la Unión.
Es por ello que considero que aspectos tan importantes como la superación de la división entre pilares (actualmente los asuntos de Justicia e Interior se encuentran irracionalmente divididos entre l y el III pilar), la simplificación de los procedimientos e instrumentos en materia de Justicia y Asuntos de Interior, hoy dispersos en una amalgama de normas sin sentido o la generalización del procedimiento de codecisión, fomentando la participación del PE y logrando evitar que medidas tan importantes como las que se toman en este ámbito queden exclusivamente en manos del Consejo, dejando al PE, institución que representa a los ciudadanos europeos, relegado a un papel estrictamente consultivo son algunas de las cuestiones a las que la nueva Constitución debe dar respuesta.
Finalmente, no quisiera terminar sin hacer una muy breve referencia a los efectos que va a tener la ampliación en este nuevo ELSJ. La ampliación de las fronteras terrestres de la Unión con los nuevos países vecinos va a exigir, por un lado, la cooperación con los nuevos Estados miembros para que acometan sus responsabilidades en el ámbito del control y la gestión de sus fronteras y, por otro, para fomentar una intensa cooperación policial y judicial que les permita asumir con rapidez los niveles de garantía que hoy existen en todos los EM de la Unión en la lucha contra las distintas formas del crimen organizado.
