Los españoles estamos asistiendo, con impavidez y estupor, a un espectáculo  nunca visto desde los primeros años de nuestra democracia y muy especialmente desde el 23F: tribunales de diferentes jurisdicciones enfrentándose a los mismos y graves hechos  delictivos, como son los de rebeldía y sedición, recibiendo una agotadora presión mediática para intentar dirigir sus decisiones; más de dos mil empresas y sociedades huyendo despavoridas de la quema independentista y una policía autonómica, los mossos de escuadra, que a las órdenes ya del Ministerio de Interior, actúan con total pasividad frente a  los sabotajes que pequeños grupos incontrolados provocan en el normal funcionamiento de los transportes públicos.

Siendo esto grave lo inadmisible es que en un Estado de Derecho y más si es miembro de la Unión Europea,  unos niños sean utilizados en estos desórdenes irresponsable e impúdicamente por sus padres y que no hayan encontrado reacción alguna  por parte de ninguna autoridad autonómica o nacional para actuar contra tamaña conculcación de los derechos del menor reconocidos en nuestra legislación y en el Convenio de los Derechos del Niño de 1989

Si a esto añadimos unos fugados de la justicia que como Puigdemont y sus secuaces, conspiran impunemente desde Bélgica contra España arropados por unas minorías radicales e independentistas y defendidos incluso por quienes lo hicieron anteriormente con lo terroristas de ETA, no es de extrañar que se vaya apoderando de la mayoría de los españoles, cada vez con más insistencia, un desencanto y hasta un temor de que este caos que hoy impera en Cataluña revierta en una nueva e insufrible crisis, no solo económica sino también social y política.